SCJN decidirá el destino de la Ley Bonilla: Olga Sánchez Cordero

Lamento, profundamente, las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado en Baja California


Nacional   04-11-2019 18:21  María Fernanda Prieto  






La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero lamentó lo que llamó malas interpretaciones acerca de sus declaraciones sobre la ampliación de mandato en Baja California y que aparecen en un video difundido en redes sociales.

A través de un comunicado dado a conocer en Twitter, la secretaria aclaró algunos puntos de sus declaraciones.

“Lamento, profundamente, las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi conocimiento ni autorización. Sin embargo, afirmo que, tanto en público como en privado, mis valores y razón dan congruencia a mi actuar”, se lee en el comunicado.

“Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso Local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad”, afirmó.

En el documento, la funcionaria aclaró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida sobre la norma vigente del Congreso de Baja California que amplía de dos a cinco años el periodo del gobernador Jaime Bonilla. Y que solo de allí emanará la respuesta final.

Aseguró que su postura sobre el tema “ha sido muy clara. Soy respetuosa de las jurisdicciones y declaré que es legal porque hay una norma vigente del Congreso del estado que así lo establece”.

“En algunas entrevistas fui cuestionada sobre el tema, manifestando que mi postura como jurista es hoy la misma que ayer me llevó a votar, en escenarios similares siendo magistrada, por la inconstitucionalidad de hechos“, explicó.

No obstante, Sánchez Cordero aclaró que su opinión indique que en este caso la autoridad vaya a emplear el mismo criterio, toda vez que “precisamente el esgrima jurídico que mencioné en el video y es parte de los escenarios inmediatos, muestra que el problema radica en quién está legitimado para promover acción legal“, señaló.

“Sostengo que mis argumentos en público y privado, son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de competencia de los poderes del estado”, reiteró. 

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