Del suplicio a la prisión, al niño Tadeo

La sobrepoblación de los reclusorios o mal llamados Centros de Reinserción Social, provocan violaciones sustanciales a los derechos humanos


  11-05-2022 10:45  Eduardo Liceaga Garcia 






Las prisiones a nivel nacional es la parte olvidada del derecho penal, ya que es ahí donde se mantienen segregados, privados de su libertad, tanto los probables responsables de haber cometido algún ilícito, como los ya sentenciados, a quienes se les encontró responsables de haber cometido alguna conducta penal donde se señale prisión.
Todos los legisladores en México se ufanan de crear todos los días nuevos tipos penales que mantengan privado de la libertad a las personas, esto es, los diputados y senadores crean nuevos delitos con el fin de persuadir o tratar de contener las conductas que a su parecer son delictivas, siendo más claros, todos los días se crean reforman y adicionan conductas que pasan a ser delitos que más adelante se traducirán en prisión para quienes las cometan.
El derecho penitenciario pasa a ser la parte olvidada de todos estos ilustres legisladores ya que, con un solo dedazo, aumentan las poblaciones penitenciarias de manera indiscriminada.
Los legisladores piensan que creando nuevos tipos penales (delitos) podrán ejercer un control social sobre la población, sin darse cuenta que crean un problema social ya que el aumento de tipos penales tiene como consecuencia el incremento de personas privadas de la libertad (presuntos responsables), de manera sustancial.
Es bien sabido que todos los sistemas políticos utilizan al derecho penal, y su último reducto, la prisión, como arma política para el cordial manejo de sus intereses.
Caso muy claro es la conocida como cárcel de San Miguel en la Ciudad de Puebla, donde como en la mayoría de los centros penitenciarios, existe un alto grado de corrupción propiciada por las autoridades penitenciarias, aunado al exceso de población, ya que la población inicial que se había calculado para atender a 2,100 internos al momento de su creación, en la época del gobernador Guillermo Jiménez Morales, en marzo de 1984, ha superado ya a los 4,000 internos en el presente año 2022, es decir, que estamos hablando de una prisión con casi 40 años de antigüedad y el doble de población penitenciaria para la que fue creada.
Lo anterior, no resulta acorde a la reforma penal que establece como prioridad otros medios alternos a la prisión, para el tratamiento de los inculpados, teniendo los jueces instrucciones de manejar en la medida de lo posible la prisión preventiva necesaria en la mayoría de los casos, sin considerar los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala a la prisión como la Última Ratio.
La sobrepoblación de los reclusorios o mal llamados Centros de Reinserción Social, provocan violaciones sustanciales a los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad, con los actos de corrupción que generan la saturación de estos centros privativos de libertad ya que al no existir espacios suficientes y dignos para los detenidos, existe el tráfico y venta de espacios, tráfico y venta de medios de comunicación, particularmente internet y telefonía celular, venta de acceso rápido a los familiares, venta de alimentos, extorsión por protección y sexoservicios, así como una serie interminable de actos de corrupción.
Lo anterior quedo demostrado con el reciente caso del niño Tadeo que fue encontrado dentro de las instalaciones del CERESO de puebla, según la teoría manejada por la fiscalía del Estado, fue sembrado por grupos delincuenciales para hacer notar una verdadera falta de seguridad al interior del penal, esto manejado por autoridades penitenciarias, nombradas desde la cúpula del poder, ya que si tenemos que cada uno de los reos del citado penal tienen que pagar cuotas que van de los 20 a los 20 mil pesos, por ingresos, accesos, privilegios, visitas y demás actos necesarios para la vida en el penal, este resulta en una verdadera industria sin chimeneas que genera millones de pesos en favor de las autoridades corruptas, ya que todos y cada uno de los reclusos deben pagar, por decirlo así, su estancia en el centro penitenciario, todo ello, en la medida de su condición económica o estatus social, convirtiendo su estancia en un hecho supliciante, que deben cubrir los familiares de los detenidos, no siendo este el objeto de los centros penitenciarios o de las estancias temporales de los procesados, ya que se rompe con los fines para los que fue creada la prisión, esto es, se regresa a las épocas supliciantes medievales.
La aparición del cadáver del niño Tadeo dentro del CERESO de Puebla (Penal de San Miguel) es una verdadera afrenta de los grupos de poder y las mafias que se encuentran controlando el reclusorio, afrenta directa contra el gobierno del Estado de puebla, ya que este fue un verdadero mensaje para que se descifre quien tiene el poder al interior de la prisión.
Tanto el gobierno del Estado, como los legisladores deben entender que la prisión no es una solución para el problema delincuencial, ya que al haber desaparecido los beneficios en favor de los detenidos y de los sentenciados, estos no tienen la menor intención de realizar una reinserción social, ya que su condena, en el lenguaje penitenciario, será “de punta a cola”, puesto que los reos deberán cumplir una pena privativa de la libertad, sin beneficio alguno, lo que repercute en una alta incidencia de delitos cometidos dentro de la prisión ya que ningún perjuicio les acarrea cometer un delito más, surgiendo una impunidad intrapenitenciaria.
Se ha dicho que en México no existe la pena de muerte, pero como atinadamente lo manifiesta el escritor Carlos Monsiváis, los reos, en México, pagan su pena de muerte en cómodas anualidades.
Finalmente, debe decirse que las prisiones deben manejarse por la autoridad encargada constitucionalmente de este hecho, en el caso que nos ocupa, por el presidente de la república y cada gobernador de los Estados, a través de su secretaria de gobernación y su dirección general de reclusorios, no debiendo existir en ningún momento, los denominados autogobiernos penitenciarios, ya que es ahí donde el Estado entrega la potestad penitenciaria a los reos, convirtiéndolos en autoridades anárquicas, corruptas y tendenciosas.
Debe recalcarse que mientras los fines de la prisión preventiva y la prisión por sentencia no regresen a un sistema de educación capacitación y trabajo, el Estado habrá fracasado convirtiendo a las cárceles o prisiones en centros de segregación social entregando a la sociedad personas completamente resentidas y nefastas, habiendo fracasado el Estado en su responsabilidad con los prisioneros. 
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